El Gobierno español no tiene previsto regular la divisa electrónica bitcoin hasta que no haya un pronunciamiento europeo al respecto, siguiendo así la recomendación emitida el 4 de julio de 2014 por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) de que la regulación de este medio de pago sea "omnicomprensiva" y "a nivel europeo" para "evitar el arbitraje regulatorio".
Así lo señala en una respuesta al exportavoz económico de UPyD en el Congreso Álvaro Anchuelo, quien registró una pregunta por escrito alertando de la inseguridad jurídica que el vacío legal en relación con el bitcoin está generando entre sus usuarios, que "no saben si pueden ser sancionados" por situaciones como no declarar el IVA por las compras realizadas con esta moneda o declararlas como un concepto erróneo.
"Ante la falta de información, son muchos los ciudadanos que se dirigen a la Administración sin garantía de obtener respuesta ni de que éstas sean consistentes, aumentando la inseguridad jurídica", lamentaba Anchuelo en su texto, que recoge Europa Press.
De hecho, a principios de año la formación magenta registró una proposición no de ley en la Cámara Baja para instar al Gobierno a regular el uso de esta moneda virtual para incrementar la seguridad y prevenir delitos como el de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Medidas a corto plazo
Esta iniciativa parlamentaria respondía al pronunciamiento de la EBA, que el pasado verano instó a las autoridades nacionales a tomar medidas regulatorias a corto plazo para esta divisa y recomendó a las entidades financieras abstenerse de negociar y realizar transacciones con este tipo de monedas virtuales hasta que no cuenten con un régimen normativo claro.
La autoridad bancaria señalaba además algunas áreas donde haría falta un cuerpo regulatorio para afrontar los riesgos existentes, entre las que se contaban las materia de gobernanza, la segregación de cuentas de clientes, los requerimientos de capital y el establecimiento de un sistema de autoridades que vele por la integridad de un sistema y sus miembros.
Tras este pronunciamiento, Anchuelo ya preguntó sobre sus intenciones respecto del bitcoin, a lo que el Ejecutivo respondió por escrito reconociendo que se estaban manteniendo conversaciones a nivel europeo para recoger esta moneda como servicio de pago, con lo que quedaría sujeta a la directiva comunitaria correspondiente. No obstante, también reconocía que la "singularidad de la naturaleza jurídica" de esta divisa dificultaba la definición del marco jurídico "más apropiado".
Un año después, el ya exdiputado magenta volvió a preguntar sobre el asunto, ante lo que el Gobierno cita la resolución de la EBA de julio de 2014, que "destaca la necesidad de adoptar un enfoque regulatorio omnicomprensivo y afrontar la referida regulación a nivel europeo, destacando claras ventajas al efecto y con el objetivo de evitar el arbitraje regulatorio".
"En este sentido, se considera que la posible introducción de medidas debe estudiarse en el marco de las discusiones que se están teniendo lugar a nivel europeo", insiste, cerrando la puerta a la posibilidad de proponer una legislación nacional.
Hacienda recuerda que vigila
No obstante, el Gobierno también recuerda que aunque el bitcoin no están sujetas a la declaración previa del medio de pago porque no existe un movimiento físico a través de las fronteras, las entidades financieras sí están obligadas a aplicar las medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ante cualquier conversión en moneda de curso legal, comunicando al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) las operaciones "sospechosas de estar relacionadas" con ese tipo de delitos.
En mayo del año pasado, el Ministerio de Hacienda también confirmó por escrito a Anchuelo que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria (AEAT) está "vigilando" la evolución del flujo de bitcoins y otros productos similares "por si su difusión pudiera suponer un riesgo respecto del control tributario o utilizarse en esquemas de blanqueo de capitales o para otros fines ilícitos".
El bitcoin es una moneda virtual convertible creada en 2009 que puede ser intercambiada o incluso convertida a otras divisas de curso legal. Entre sus ventajas se cuenta que puede usarse en todo el mundo por igual, ya que no pertenece ni es controlada por ningún estado, banco o institución, ni tampoco tiene intermediarios; es difícil de falsificar, no conlleva recargos por su uso y permite ocultar la identidad de quien la utiliza, sin que las cuentas en esta moneda puedan ser intervenidas o congeladas por las autoridades.
Por contra, entre sus riesgos se cuentan una gran volatilidad y la falta de regulación o supervisión, lo que permite que puedan ser utilizadas por delincuentes.
Las empresas huyen de España
por la falta de una legislación clara
sobre el 'bitcoin'
A pesar de que las transacciones con esta moneda se han disparado en los últimos tiempos, en España no sabemos la forma en la que tributa o si las empresas que la utilizan son sujetos obligados
A pesar de que las transacciones con esta moneda se han disparado en los últimos tiempos, así como su número de usuarios, en España no sabemos aspectos tan básicos como la forma en la que tributa o si las empresas que la utilizan son sujetos obligados.
Teknautas ha tenido acceso a una consulta realizada sobre este último órgano, ante cuyo planteamiento el Departamento de Gestión y Entidades Obligadas respondió:
"En relación con su consulta, le participamos que el Servicio Ejecutivo no tiene competencias en materia de interpretación normativa. Según el art. 66 del Reglamento de la Ley 10/1010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, corresponde a la Secretaría de la Comisión la elaboración de los proyectos de normas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".
La primera consecuencia de la falta de una respuesta concreta por parte de Hacienda y el Sepblac es más que evidente: una clara inseguridad jurídica. O lo que es lo mismo, que la multitud de empresas que estén interesadas en montar un negocio con bitcoins en España no lo hagan al no saber si les van a sancionar por ello.
Una inseguridad jurídica que espanta a las 'startups'
Según ha explicado a este periódico Alberto Gómez Toribio, CEO de la española Coinffeine,
la primera empresa del mundo en constituirse con bitcoins, "el
bitcoin encaja perfectamente en nuestra legislación como bien digital y objeto de derecho real pero, a pesar de esto, ni la Agencia Tributaria aclara si tenemos que pagar IVA ni el Sepblac si somos sujetos obligados. Tenemos un marco jurídico idóneo para que prospere esta moneda, sin embargo ninguna de las dos se ha querido pronunciar al respecto, lo que está afectando a muchos negocios que prefieren no constituirse dentro de nuestras fronteras".
En la misma línea se ha manifestado el abogado Pablo Fernández Burgueño: "Por culpa del pasotismo y dejadez de la Administración Pública los negocios están huyendo a otros países donde saben que lo que hacen es legal o, por lo menos, donde no tienen la sensación de que van a ser perseguidos".
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